El sector promotor de Tarifa exige una reunión urgente al Alcalde ante el «bloqueo» de la Oficina Técnica Municipal
Se reservan el derecho de emprender acciones legales
El sector promotor de Tarifa exige una reunión urgente al Alcalde ante el «bloqueo» de la Oficina Técnica Municipal.
Se reservan el derecho de emprender acciones legales
La Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de Cádiz (ASPRICA) denuncia retrasos inexcusables, informes contradictorios y falta de criterios homogéneos en la tramitación de expedientes urbanísticos.
Advierten de graves perjuicios económicos y se reservan el derecho a emprender acciones legales y reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento.
Proponen la aprobación inmediata de una ordenanza para implantar Entidades Urbanísticas Certificadoras que agilicen las licencias mediante la colaboración público-privada.
El sector promotor de Tarifa ha dicho basta ante lo que consideran una situación de «bloqueo, ralentización y falta de previsibilidad» en la gestión urbanística local. La Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de Cádiz (ASPRICA), a través de su Secretario General, Jorge Fernández-Portillo Pardo de Donlebún, ha registrado hoy una solicitud formal de reunión urgente con el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tarifa y las áreas competentes para abordar la grave crisis que afecta a la Oficina Técnica municipal.
Desde la patronal inmobiliaria advierten que la actual parálisis administrativa está generando consecuencias económicas y jurídicas «de notable gravedad» no solo para los promotores, propietarios y técnicos, sino para el propio desarrollo ordenado y el empleo de la economía local.
Radiografía del colapso: trabas y falta de transparencia
En el escrito presentado ante el consistorio, ASPRICA detalla una serie de disfunciones que se vienen produciendo de forma reiterada en la Oficina Técnica:
Retrasos injustificados: Una ralentización inexcusable en la emisión de informes técnicos, jurídicos y concesión de licencias.
Falta de diálogo: Dificultades o la negativa directa de determinados técnicos municipales a mantener reuniones de trabajo con los profesionales y redactores de los proyectos para aclarar criterios.
Inseguridad jurídica: Emisión de informes contradictorios o cambiantes y requerimientos sucesivos de subsanación sobre extremos que no se advirtieron al inicio, provocando una tramitación fragmentada y acumulativa.
Desigualdad de criterios: Inexistencia de criterios homogéneos y transparentes en la interpretación de la normativa urbanística, generando agravios comparativos entre expedientes similares.
Para arrojar luz sobre esta situación, los promotores han exigido formalmente al Ayuntamiento datos auditables sobre el volumen de expedientes atascados, los tiempos medios de resolución y el desglose de rendimiento por cada técnico.
Colaboración público-privada como solución de urgencia
Como vía de solución para aliviar la carga de trabajo municipal, ASPRICA ha urgido al Ayuntamiento a tramitar una ordenanza local que regule el uso de Entidades Urbanísticas Certificadoras. Esta figura, plenamente respaldada por la legislación andaluza (LISTA y su Reglamento General), permite que informes y certificados expedidos por entidades privadas homologadas tengan efectos equiparables a los del informe técnico municipal, acelerando drásticamente la concesión de licencias y declaraciones responsables sin perder el control público.
A tal efecto, proponen la creación inmediata de una mesa técnica de trabajo entre el Ayuntamiento, promotores y técnicos externos para consensuar dicha normativa.
Reserva de acciones legales por daños y perjuicios
La nota de ASPRICA eleva el tono al advertir de que las empresas del sector se reservan expresamente el ejercicio de cuantas acciones administrativas y judiciales procedan. El colectivo destaca que los retrasos están provocando sobrecostes financieros, penalizaciones contractuales y pérdida de oportunidades de negocio.
De no adoptarse medidas correctoras inmediatas, la asociación valorará la presentación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente al Ayuntamiento de Tarifa para exigir la indemnización por daños emergentes y lucros cesantes, amparándose en el derecho constitucional de los administrados frente al funcionamiento anormal de los servicios públicos.
